LIMA (AP) — El gobierno peruano rechazó el miércoles las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó como un “secuestro” la detención de dos contratistas colombianos por parte de la policía peruana, en lo que representó el tercer incidente en una isla ubicada en el río Amazonas que se disputan ambos países.
La policía peruana detuvo el martes a tres ciudadanos colombianos mientras realizaban mediciones con un equipo de georreferenciación en la isla Santa Rosa. Uno de ellos fue liberado, pero otros dos —el topógrafo Carlos Sánchez y el transportista John Amia— seguían detenidos mientras son investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, anunció la fiscalía peruana.
De acuerdo con el Ministerio de Transportes de Colombia, los detenidos realizaban estudios para medir la profundidad de los cuerpos de agua como parte de la ampliación de un muelle en la fronteriza ciudad colombiana de Leticia. La policía peruana aseguró que los trabajadores no tenían autorización para realizar las mediciones.
Se trata del tercer incidente en la isla desde que Petro desconoció la jurisdicción de Perú sobre Santa Rosa el martes pasado. Dos días después, un avión militar colombiano sobrevoló la isla y el lunes el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que plantó una bandera colombiana en la isla, la cual fue retirada más tarde por la policía peruana.
La cancillería peruana solicitó el miércoles la cooperación del gobierno de Colombia “para que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos”.
El territorio en disputa es una pequeña formación de más de 27 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en medio del Amazonas que surgió a mediados del siglo pasado. Actualmente viven en el lugar unas 3.000 personas, distribuidas en más de 10 aldeas.
La isla tiene problemas básicos como la falta de agua potable, así como delincuencia transfronteriza —incluido narcotráfico y trata de personas— debido a que sus fuerzas de seguridad son insuficientes, según las autoridades peruanas.
Ante la escasa presencia del Estado peruano, gran parte de los pobladores han dicho a periodistas que cruzan hacia Leticia o a la ciudad brasileña de Tabatinga en busca de servicios de salud y educación de los que carecen en Perú.